Uno de los problemas del país para llevar a cabo proyectos de infraestructuras que respeten el medio ambiente no es la legislación ambiental ni la crisis económica que ha provocado una escasez de inversiones públicas. En algunos casos, las instituciones internacionales tienen dinero disponible, pero no pueden prestarlo al país.
La evaluación fue realizada por el director de Estudios, Relaciones Económicas y Políticas Internacionales del Instituto de Investigaciones Económicas Aplicadas (Ipea), Iván Oliveira. Durante la I Conferencia Ministerial Regional de las Américas sobre Economía Verde, en Fortaleza, llamó a un mayor compromiso de Brasil y de las instituciones multilaterales (bancos internacionales con capital de diferentes países) para desbloquear financiamiento para proyectos sostenibles en el país.
Para Oliveira, el caso más emblemático ocurre con el Nuevo Banco de Desarrollo (NDB). Creada en 2014 por los países Brics, grupo que reúne a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, la institución, con sede en China, ha prestado pocos recursos al país hasta la fecha.
“Brasil hoy accede a menos recursos de los que aportó al NDB, que es un banco que tiene algo que decir en relación a la economía verde. Porque nació con un perfil de financiación de infraestructura y proyectos sostenibles. La agenda de sostenibilidad está en el ADN del banco”, afirmó.
Según el director del Ipea, la dificultad para comprobar la viabilidad de los proyectos puede ser un factor que haya impedido el acceso de Brasil al financiamiento internacional. Citó el proyecto del tren bala entre Río de Janeiro, São Paulo y Campinas (SP), que reduciría el consumo de combustibles fósiles, pero nunca llegó a despegar porque el análisis costo-beneficio no dio resultados. Para él, el principal desafío está en ambas partes: aumentar la viabilidad de los proyectos e involucrar a las instituciones multilaterales.
“Los bancos multilaterales deben tener un papel financiero más sustancial en este tipo de proyectos. Más aún, Brasil y varios países deben tomar medidas más proactivas para facilitar proyectos que no son financiados por falta de recursos, para que el debate sobre el desarrollo sostenible gane profundidad y concreción”, afirmó.
Oliveira también defendió una mayor apertura de la economía brasileña, incluso en el sector financiero, para que más bancos operen en el país. Una mayor competencia entre instituciones, destacó, ayudaría a reducir las tasas de interés finales y haría más viables los proyectos que actualmente no pueden ser financiados por capital privado. “Una mayor competencia ejercerá más presión sobre las ganancias [de los bancos], lo que hará que proyectos inviables, dados los costos de oportunidad, se vuelvan viables”, explicó.
crédito de carbono
El director general de la Plataforma Mexicana del Carbono, mercado voluntario de créditos de carbono de la Bolsa Mexicana de Valores, Eduardo Piquero defendió una mayor concienciación de los grandes inversores en la financiación de proyectos sostenibles. A través del mercado de carbono, empresas e individuos compensan las emisiones de dióxido de carbono comprando bonos que financian proyectos respetuosos con el medio ambiente que reducen la pobreza.
Fondos de pensiones, compañías de seguros y fondos de inversión, informó Piquero, tienen invertidos 15 billones de dólares en todo el mundo. Un tercio de esto, 5 billones de dólares, se invierte en sectores intensivos en combustibles fósiles que no generarán ingresos en unos pocos años, como las refinerías de petróleo y las plantas de carbón. “Necesitamos entender que el cambio climático es un gran riesgo, es un gran incentivo. Tenemos que dirigir la creación de capacidades a los grandes inversores para que identifiquen que lo que invierten hoy no rendirá en muy corto plazo”, advirtió.
Regulación
El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Productividad y Pequeñas Empresas del Parlamento del Ecuador, Claudio Esteban Albornoz, dijo que la regulación es importante para incentivar el financiamiento de proyectos ecológicamente sustentables. Citó como ejemplo la Ley de Eficiencia Energética de Ecuador, que tiene como objetivo reducir el número de vehículos propulsados por combustibles fósiles en el país, al tiempo que otorga incentivos a fondos que financian proyectos y tecnologías de energía sostenible.
“Existe una motivación económica, impulsada por la preferencia de los consumidores por proyectos con etiqueta verde. Existe una oportunidad para que existan inversiones. Por lo tanto, creo que debe haber una motivación legal para las restricciones al suministro de bienes y servicios [como limitar los automóviles que utilizan combustibles fósiles]. Este es un tema que está dentro de la regulación”, comentó.
La I Conferencia Ministerial Regional de las Américas sobre Economía Verde comenzó ayer (24) y se prolongará hasta mañana (26) en la capital de Ceará. La reunión es organizada por la Organización Mundial de Economía Verde (WGEO), la Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur (UNOSSC) y el Instituto Brasil África (Ibraf). El evento cuenta con el apoyo del gobierno de Ceará y se realiza en colaboración con la Secretaría de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Alianza Solar Internacional (ISA).
Correo: Marina Carvejani
Autor: Agencia Brasil
Por: Agroenlace
