Doce estados de EE.UU. solicitarán el miércoles a un tribunal federal que suspenda la tarifas anunciadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 2 de abril, argumentando que violó su autoridad al declarar una emergencia nacional para imponer aranceles a las importaciones.
Un panel de tres jueces del Tribunal de Comercio Internacional, con sede en Manhattan, escuchará los argumentos de una demanda interpuesta por los fiscales generales demócratas de Nueva York, Illinois, Oregón y otros nueve estados. Afirman que el presidente republicano ha buscado un "cheque en blanco" para regular el comercio "a voluntad".
Desafío a la interpretación de la ley por parte de Trump
Los estados alegan que Trump malinterpretó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para justificar los aranceles. Esta ley se creó para abordar amenazas inusuales y extraordinarias a Estados Unidos.
Trump ha afirmado que la historia de décadas de Estados Unidos de importar más de lo que exporta constituye una emergencia nacional que ha perjudicado a los fabricantes estadounidenses. Sin embargo, los estados argumentan que el déficit comercial estadounidense no es una "emergencia" y que la ley no autoriza aranceles en absoluto.
El mismo panel de tres jueces escuchó los argumentos la semana pasada en un caso similar. La demanda fue presentada por cinco pequeñas empresas. Se espera que el tribunal emita un fallo en las próximas semanas.
Impacto económico y críticas locales
El Fiscal General de Oregón, Dan Rayfield, afirmó que los aranceles están elevando los precios para las familias. Añadió que las pequeñas empresas del estado también se están viendo afectadas. Se espera que las medidas, según Rayfield, cuesten a la familia promedio unos 3800 dólares al año.
Rayfield afirmó que el presidente Trump impuso sus aranceles sin la aprobación del Congreso. Tampoco se basó en la opinión pública ni enfrentó restricciones. Afirma, además, que los tribunales no tienen la autoridad para revisar sus decisiones.
“Esto es un abuso de los poderes de emergencia”.
El Departamento de Justicia declaró que la demanda de los estados debía ser desestimada, ya que alegaban únicamente "pérdidas económicas especulativas" y no daños reales causados por los aranceles. También argumentó que solo el Congreso, y no los estados ni los tribunales, puede impugnar una emergencia nacional declarada por el presidente.
Tarifa general y reacción judicial
Un portavoz dijo que el departamento “continuará defendiendo enérgicamente la agenda del presidente Trump para enfrentar las prácticas comerciales desleales en los tribunales”.
Después de imponer aranceles a China, México y Canadá en febrero, Trump impuso un arancel general de 10% a todas las importaciones en abril, con tasas más altas para los países con los que Estados Unidos tiene los mayores déficits comerciales, especialmente China.
Muchos de esos aranceles específicos para cada país se suspendieron una semana después, y la administración Trump redujo temporalmente los aranceles más altos para China este mes mientras trabaja en un acuerdo comercial a más largo plazo.
La demanda de los estados es una de al menos siete impugnaciones legales contra las políticas arancelarias de Trump. California, por ejemplo, ha presentado una impugnación independiente ante un tribunal federal en San Francisco. Empresas, grupos de defensa legal y otras organizaciones también han presentado demandas similares.
En consecuencia, las partes involucradas pueden apelar las decisiones del tribunal —que escucha disputas relacionadas con el comercio internacional y las leyes aduaneras— ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal en Washington, D.C., y eventualmente ante la Corte Suprema.
Fuente: Dietrich Knauth | Noticias Agrícolas
